El Ministerio Público recusó a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por alegada «conducta parcial» durante la audiencia preliminar contra Hugo Beras, José Ángel Gómez (Jochi) y otros implicados en una presunta red de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la recusación se fundamenta en la “parcialidad manifiesta” de la magistrada Padilla, quien habría emitido decisiones que, de «manera injustificada», favorecen a los imputados, comprometiendo así la integridad de la investigación.
Entre los actos cuestionados, el Ministerio Público citó la autorización de viajes al extranjero para Gómez, incluyendo destinos como Estados Unidos y Panamá, pese a contar con impedimento de salida del país y tratarse de lugares directamente vinculados a la investigación en curso.
Asimismo, indicó que la jueza ordenó la devolución de armas de fuego a Gómez, registradas a nombre de terceros, y levantó medidas de inmovilización de cuentas bancarias y oposición a la transferencia de bienes, a pesar de tratarse de una investigación financiera por delitos de lavado de activos.
El órgano persecutor advirtió que estas decisiones contradicen precedentes de la propia judicatura, en los que, bajo condiciones similares, no se otorgaron dichos privilegios.
Además, denunció una «grave violación» al principio de separación de funciones, señalando que la jueza «ha intentado limitar el alcance de la investigación del Ministerio Público al afirmar que los acusados no están siendo investigados por lavado de activos, cuando esa imputación forma parte del proceso desde sus inicios».
“Confiamos en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará de manera objetiva los argumentos expuestos por el Ministerio Público”, expresó el fiscal Pérez Fulcar.
Sobre el caso
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S., contratada para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral de semáforos, están acusados de formar parte de una supuesta red dedicada a la corrupción y al crimen organizado.
Según el Ministerio Público, la supuesta red estaría dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Por el caso, también son imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
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