El Ministerio Público puso en marcha la Operación Domo, mediante la cual desmanteló una presunta red dedicada a la piratería a través de la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicios de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabezó 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación se realizó también con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y del Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, contando además con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
Los allanamientos se practicaron en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, donde se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Ministerio Público informó que los integrantes de la supuesta red se lucraban mediante la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas, violando los derechos de autor.
Las investigaciones revelaron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por hechos similares de piratería digital.
Según el órgano persecutor, la red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofreciendo suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millones en ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
