La promulgación de la la Ley 361-22 obligará al Ministerio Público a perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, lo que representa una tarea adicional para el órgano persecutor del crimen en la República Dominicana.
Este deberá actuar sin la necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima.
Sin embargo, lo tendrá que realizar con menor cantidad de recursos disponibles para el año 2023.
En el proyecto de presupuesto elaborado para el ejercicio fiscal del año entrante el Poder Judicial tiene asignados 8,623 millones de pesos, unos 464 millones menos que en el 2022, periodo para el que le fue presupuestado 9,087 millones de pesos. Una reducción de 463 millones 976 mil 527 pesos.
La recién promulgada ley modifica el artículo 31 de la Ley 76-02, del 19 de julio de 2002, que crea el Código Procesal Penal de la República Dominicana y convierte al citado delito en hecho punible de acción pública a instancia privada a ser simplemente de acción pública.
Sobre la legislación se ha dicho busca favorecer la prevención de la delincuencia y la impunidad.
El pedido de que se le asignaran más de 10,500 millones de pesos al Ministerio Público en su presupuesto fue hecho por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito en diciembre del 2021, cuando explicó al Congreso Nacional que solicitaba al Ministerio de Hacienda un incremento superior a 2,105 millones para llegar a esa cifra.
En esa ocasión Germán Brito basó el requerimiento en que se hacía necesarios recursos para hacer un fortalecimiento institucional y una reestructuración del Ministerio Público, una efectiva persecución penal y fortalecer el cumplimiento a las normativas legales de ese órgano, del Sistema Penitenciario y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Fiscales reclaman
La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), reclamo en septiembre de este año que se asignen más recursos para cubrir las necesidades de los miembros del Ministerio Público, y advirtió que de no ocurrir podrían paralizar sus labores debido a las precarias condiciones en que dicen ejercen.
Legalmente al Poder Judicial le corresponde un presupuesto anual equivalente a por los menos el 4.10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reclamo que cada año toma vigencia cuando se hacen las proyecciones tendentes a la aprobación del Presupuesto General del Estado.
