El exministro Donald Guerrero fue el cerebro detrás de la red criminal que operó en el Ministerio de Hacienda, llegando incluso a falsificar la firma del Tesorero Nacional para transferir $250 millones de dólares a nombre de su propio hijo, según señala el Ministerio Público.
El expediente acusatorio del caso «Calamar», detalla el método utilizado por Guerrero y los exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así como otros funcionarios de menor rango, implicados en una estafa masiva que asciende a más de RD$41 mil millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.
Al finalizar su mandato, el 31 de julio de 2020, se emitió una carta supuestamente dirigida por el tesorero nacional, Alberto Perdomo Piña, al administrador del Banreservas, Simón Lizardo, solicitando que se debiten US$250,000,000 de la cuenta República Dominicana en dólares No. 0102391041, junto con el cambio de divisas correspondiente, para llevar a cabo las operaciones detalladas en un documento adjunto.
El expediente señala que al analizar la carta, «se puede observar que la misma se encuentra firmada ‘de orden’. Al ser cuestionado el licenciado Alberto Perdomo Piña, establece que fue firmada sin su permiso o autorización ya que el ministro Donald Guerrero no lo consultó, por igual, la Tesorería Nacional certificó que la comunicación no tenía el formato de la entidad, ni figuraba como un documento registrado, evidenciándose la falsedad de la misma».
«En fecha 22 de abril del año 2024, a solicitud del Ministerio Público, fue realizado un examen pericial a la firma que aparece en el referido documento, concluyendo el mismo que la firma (rúbrica) que aparece plasmada sobre el nombre de Alberto E. Perdomo Piña se corresponde con los rasgos caligráficos de documentos que contienen la firma de Donald Guerrero Ortiz, evidenciándose que la misma fue firmada por este, en violación a la ley que rige las competencias y los procedimientos administrativos», precisa el órgano acusador.
Según el expediente, el ministro Guerrero controló a su antojo el Programa de Contratistas del Estado y realizó un pago de US$250 millones a su hijo Daniel Guerrero Mena y su empresa Intercaribe Mercantil, los cuales no tenían ningún contrato con el Estado. Por lo tanto, se trató de un acto fraudulento que implicó otorgarse a sí mismo un premio mediante bonos del Estado.
Explica que el autopago se hizo «sin comunicación con la Unidad Ejecutora, sin paso por Contraloría, falseando documentaciones de Tesorería, ordenando pago en el Banco de Reservas, a pesar de la decisión de la Junta Monetaria de que no se procediera a realizarse el pago»
