El Ministerio Público aclaró que no se han retenido los salarios a los fiscales sometidos a procesos disciplinarios, como se difundió en algunos medios de comunicación, y aseguró que los pagos correspondientes se han realizado sin contratiempos.
El órgano persecutor informó que, como parte de una medida de estandarización y transparencia en los protocolos internos, a partir de este mes de septiembre, los fiscales suspendidos, así como el personal técnico y administrativo en la misma condición, deberán cobrar sus salarios mediante cheques.
La Dirección General Administrativa del Ministerio Público informó que los cheques correspondientes a estos salarios están disponibles para su retiro desde el pasado viernes 20 de septiembre, y parte del personal sujeto a esta medida ya ha retirado su pago sin mayores inconvenientes.
Desde el Ministerio Público lamentaron los inconvenientes que esta medida pudo generar a los involucrados, al tiempo que, reiteraron el respeto de los derechos de todos los investigados.
Sin embargo, reconocieron que algunos procesos disciplinarios se han visto afectados por malas prácticas e incidentes promovidos por los investigados.
«Incluso algunos de los fiscales suspendidos se encuentran fuera del país y entorpecen la realización del procedimiento disciplinario. Por esta razón, desde la institución se hizo un llamado a la lealtad procesal que permita conducir eficazmente estos procedimientos disciplinarios», indica un comunicado de prensa.
El Ministerio Público invitó a las distintas asociaciones de fiscales del país a colaborar con la mejoras internas que garanticen la realización procesos disciplinarios más ágiles y acordes a la naturaleza del procedimiento disciplinario, con la revisión necesaria de la normativa interna, para asegurar la legitimidad en el control disciplinario, evitar así conductas dilatorias y mayor responsabilidad con el erario público.
Asimismo, se informó que la medida del pago a través de cheques no requería consulta con el Consejo Superior del Ministerio Público, según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
