Por: Leanlly Pérez- Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño con residencia legal en Estados Unidos, fue deportado «por error» y trasladado recientemente a otra cárcel en Santa Ana, El Salvador, tras haber pasado varias semanas en la prisión de máxima seguridad Cecot, conocida por denuncias de abusos a los derechos humanos.
El senador estadounidense Chris Van Hollen viajó a El Salvador para abogar por su liberación, alegando que el Gobierno de Donald Trump violó la Constitución al expulsarlo y ha mentido sobre su caso.
Van Hollen se reunió con Ábrego y denunció que el migrante, de 29 años, no ha cometido ningún delito, se encuentra traumatizado y no ha podido comunicarse con su familia, todos ciudadanos estadounidenses. Según el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, Ábrego sigue preso porque el expresidente Trump «está pagando» para que así sea.
Ábrego huyó de El Salvador años atrás debido a amenazas de la pandilla Barrio 18 y no tiene antecedentes penales en EE.UU., aunque la administración Trump ha intentado vincularlo con pandillas como la MS-13. Documentos divulgados por la Casa Blanca mencionan una investigación inconclusa tras una parada de tráfico en 2022, pero no presentan cargos formales.
El caso ha generado críticas de defensores de derechos humanos, que denuncian que Ábrego es uno de más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— deportados sin juicio y encarcelados en el Cecot como parte de un acuerdo secreto entre EE.UU. y el gobierno de Nayib Bukele.
Este pacto contempla un pago anual de 6 millones de dólares de Washington a El Salvador para sostener el sistema carcelario.
A pesar de un fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU. que ordena facilitar el retorno de Ábrego, tanto los gobiernos de EE.UU. como de El Salvador alegan no tener autoridad para cumplirlo.
