Por: Leanlly Pérez- Desde mediados de marzo, al menos 900 estudiantes internacionales, que provienen de 128 universidades y escuelas superiores, han tenido sus visas revocadas o su estatus legal cancelado por el gobierno de Donald Trump.
Este cambio abrupto en su situación ha generado pánico entre los estudiantes, quienes han presentado demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que se les negó el debido proceso al retirárseles su permiso para estar en Estados Unidos sin justificación adecuada.
Las cancelaciones de visas afectan a estudiantes de una amplia variedad de instituciones, desde grandes universidades privadas de prestigio como Harvard y Stanford, hasta universidades públicas y pequeñas universidades de artes liberales.
Los estudiantes afectados han señalado que en muchos casos las razones de la revocación son inciertas o mínimas, como infracciones de tráfico menores ocurridas hace años.
Los abogados de los estudiantes y organizaciones como la ACLU han denunciado que estas revocaciones masivas parecen formar parte de una política nacional no escrita del DHS para eliminar el estatus legal de los estudiantes internacionales, lo que deja pocas dudas sobre la motivación detrás de estas cancelaciones.
Los estudiantes que han demandado al gobierno federal argumentan que no hay evidencia clara de que hayan violado las leyes migratorias o de que su comportamiento haya justificado la cancelación de sus visas.
En algunos casos, el personal de las universidades solo se enteró de las cancelaciones de visas cuando revisaron una base de datos administrada por el DHS, lo que indica que el gobierno no comunicó previamente a las instituciones académicas sobre el cambio de estatus de los estudiantes.
Esta falta de transparencia ha generado aún más incertidumbre y temor entre los estudiantes afectados, muchos de los cuales no entienden las razones por las que sus visas fueron canceladas.
