Por: Leanlly Pérez- En medio de intensos debates legislativos, una publicación de la comunicadora María Elena Núñez ha encendido las redes sociales y provocado un aluvión de reacciones ciudadanas. La frase que ha resonado con fuerza fue dicha en su programa «El Sol de la Mañana»:
“¿Y es que el Congreso aprobará un código para que aumenten los feminicidios, violencia de género e intrafamiliar, violaciones y abusos sexuales, los golpes a los niños como forma de crianza?”
La pregunta, lanzada al aire con tono de denuncia, responde a las inquietudes que han surgido en torno a la posible aprobación de una reforma al Código Penal que, según diversos sectores, podría debilitar las garantías y protecciones legales para mujeres, niños y otras víctimas de violencia.
El Congreso Nacional se encuentra evaluando modificaciones al Código Penal que han sido señaladas por organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos y sectores de la sociedad civil como un retroceso preocupante. Entre las críticas más destacadas se encuentran:
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La falta de tipificación clara del feminicidio.
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Reducción de penas para delitos sexuales.
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Permisividad con la violencia intrafamiliar bajo el discurso de «disciplina familiar».
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Ausencia de lenguaje con enfoque de género.
Estas preocupaciones han generado protestas, comunicados y llamados de atención tanto en medios de comunicación como en redes sociales. La publicación de María Elena Núñez resume el sentir de muchos ciudadanos que temen que el nuevo código termine por invisibilizar a las víctimas y proteger a los agresores.
Colectivos feministas, abogados penalistas y defensores de derechos de la niñez han advertido que aprobar el código tal como está redactado podría legitimar prácticas violentas, especialmente en contextos domésticos, y generar un clima de impunidad.
“Estamos frente a una legislación que parece más preocupada por reducir condenas que por garantizar justicia”, expresó una representante de la organización Mujeres por la Vida.
Por su parte, legisladores defensores del nuevo código argumentan que la reforma busca “modernizar el sistema penal”, pero admiten que algunos artículos están siendo revisados por la presión pública.
