Por: Leanlly Pérez- Después de 19 días en cautiverio, Lyan José Hortúa Bonilla, un niño de 11 años, fue finalmente liberado y reencontrado con su familia en Jamundí, Colombia.
Su rescate, facilitado por la Defensoría del Pueblo, ha sido recibido con esperanza por toda la nación, aunque el caso ha puesto en evidencia la dura realidad del secuestro infantil, la ineficiencia del Estado y las dificultades que enfrentan las familias víctimas del conflicto armado.
Lyan fue entregado a personal médico y de seguridad, aparentemente en buen estado de salud, aunque visiblemente agotado. Las imágenes de su llegada a una clínica, vestido con una camisa roja y acompañado de abrazos y lágrimas de sus familiares, conmovieron a todo el país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que el menor se encuentra estable y pidió que los niños dejen de ser utilizados como herramientas de guerra.
Sin embargo, detrás de esta aparente victoria hay una historia dolorosa. Sebastián Bonilla, tío de Lyan, reveló que la familia tuvo que pagar un rescate debido a la falta de apoyo y acción efectiva por parte del Estado.
Criticó al gobierno del presidente Gustavo Petro por dejarlos en el abandono, asegurando que “la única opción que les ofrecieron fue negociar con los captores”. Como resultado, la familia quedó endeudada.
El testimonio también expuso las condiciones inhumanas del secuestro: Lyan fue mantenido amarrado por sus captores, a pesar de su corta edad y de padecer una condición respiratoria crónica que requería atención médica constante.
La madre del niño, Angie Bonilla, había implorado públicamente al presidente por la vida de su hijo, apelando a su humanidad como padre.
