El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó este sábado ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a ocho de los once magistrados de la Corte Suprema brasileña, calificándolas como «otra medida arbitraria» por parte del gobierno de Donald Trump.
En un comunicado oficial, Lula expresó su respaldo a los magistrados del Supremo a quienes Estados Unidos les revocó sus visados, en el contexto del enfrentamiento entre Donald Trump y Brasil por el juicio por intento de golpe de Estado que enfrenta el exmandatario Jair Bolsonaro.
El líder progresista brasileño garantizó que «ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, va a comprometer la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho».
«La interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones», aseguró el presidente brasileño.
Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó la revocación del visado del juez brasileño Alexandre de Moraes, así como el de su familia y sus «aliados», argumentando una supuesta «caza de brujas» contra Bolsonaro.
La medida se produjo luego de que Moraes, quien funge como relator del caso por intento de golpe de Estado, impusiera varias restricciones contra el expresidente. Entre ellas, el uso obligatorio de una tobillera electrónica y el confinamiento nocturno y durante los fines de semana, en el marco de una investigación que también involucra a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por presuntamente intentar presionar al Gobierno de EE.UU. para que sancione a Brasil.
La sanción anunciada por Rubio también fue aplicada a otros siete jueces del Supremo Tribunal Federal, todos señalados por sectores de ultraderecha de llevar a cabo una supuesta persecución política contra Bolsonaro.
Esta decisión se suma a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a Brasil a partir del 1 de agosto, si no se detiene lo que considera una «caza de brujas» y se anula el proceso penal contra el líder ultraderechista.
Bolsonaro y siete de sus excolaboradores enfrentan ante el Supremo acusaciones que incluyen «golpe de Estado», «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho», «daño agravado por violencia grave o amenaza» y «deterioro de patrimonio protegido».
De acuerdo con la Fiscalía General, que actúa como acusación, el complot contra la democracia habría iniciado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, intentando impedir su toma de posesión.
