Por: Leanlly Pérez- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó un informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana, destacando un panorama marcado por incertidumbres normativas, tensiones institucionales y propuestas legislativas que afectan el ejercicio periodístico.
El informe señala que la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que data de 1962, sigue estancada, con un anteproyecto elaborado hace dos años aún bajo revisión en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
A pesar de las promesas del presidente Luis Abinader de remitir el proyecto al Congreso, las demoras evidencian falta de voluntad política o desacuerdos internos.
En paralelo, surgieron iniciativas legislativas independientes de los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, que buscan regular los medios digitales, los creadores de contenido y las plataformas en línea, lo que genera preocupación sobre los límites a la libertad de expresión.
El informe también aborda propuestas para legislar sobre la difamación, en respuesta a acusaciones infundadas contra periodistas. En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos, que fue rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), ya que se consideró que limitaba el acceso a la información pública y la transparencia judicial.
Además, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, que otorgaba facultades excesivas al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), y que había sido rechazada por organizaciones de derechos humanos y medios. Se espera que se presente un nuevo proyecto de ley que respete los principios constitucionales.
Finalmente, el informe resalta la persistente falta de cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de organismos estatales, que continúan negando o dilatando el acceso a información clave, afectando la transparencia y el ejercicio del periodismo de investigación.
