El gobierno de EE. UU. ha argumentado que TikTok podría permitir a China acceder a los datos personales de los usuarios estadounidenses y utilizarlos con fines de espionaje. También se ha señalado que la aplicación podría ser utilizada como una herramienta para la propagación de propaganda china.
Sin embargo, tanto China como ByteDance han negado rotundamente estas acusaciones, afirmando que la plataforma opera de manera independiente y no está bajo el control del gobierno chino.
Frente a esta situación, TikTok ha argumentado que la ley en cuestión viola la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión, y que proponer el cierre de la plataforma sería una restricción inédita y masiva del derecho a la libre expresión en el país.
En un escrito presentado ante la Corte Suprema, TikTok sostuvo que la prohibición afectaría no solo a la plataforma, sino también a los millones de usuarios estadounidenses que la utilizan para comunicarse sobre temas políticos, comerciales, artísticos y otros asuntos de interés público.
La empresa también destacó que esto podría tener un impacto negativo sobre el discurso social en línea, ya que TikTok es una de las plataformas más populares y una de las principales vías de expresión para los ciudadanos.
El caso también tiene implicaciones políticas y diplomáticas, dado que las tensiones entre Estados Unidos y China están en su punto más álgido. La posible prohibición de TikTok podría agravar aún más las relaciones entre ambos países.
En este contexto, la decisión de la Corte Suprema se produce en un momento clave, justo cuando Donald Trump se prepara para asumir la presidencia nuevamente. Aunque en su primer mandato Trump intentó prohibir la aplicación debido a preocupaciones de seguridad, en esta ocasión ha cambiado de postura y se ha convertido en un aliado de la plataforma. Trump ha señalado que ahora apoya a TikTok porque considera que es importante tener competencia en el mercado digital.
Trump también solicitó a la Corte Suprema que suspenda el plazo establecido por la ley del 19 de enero para que la próxima administración presidencial tenga tiempo de buscar una solución política al conflicto.
Esta petición fue presentada por el abogado de Trump, John Sauer, quien argumentó que la administración saliente no debería imponer decisiones sobre este tema crucial para la administración entrante.
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