Por: Leanlly Pérez- El juez federal argentino Ariel Lijo emitió una resolución histórica al ordenar la captura internacional de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta y figura clave del régimen, por su presunta implicación en graves violaciones a los derechos humanos.
La medida, que también alcanza a otros altos funcionarios del gobierno nicaragüense, responde a una denuncia presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, el cual permite a los tribunales del país juzgar crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.
La causa comenzó con una denuncia presentada el 26 de agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Esta denuncia documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, incluyendo represión de manifestaciones civiles, encarcelamiento de opositores, torturas, desapariciones forzadas y persecución política, además de desplazamientos forzados de grupos vulnerables.
Con el paso del tiempo, el caso fue ampliado en varias ocasiones con la recopilación de más testimonios de víctimas y pruebas aportadas por organismos internacionales y medios de comunicación que documentan las atrocidades cometidas por el gobierno nicaragüense.
El fallo del juez Lijo, que fue respaldado por el fiscal Eduardo Taiano, destaca el uso del principio de jurisdicción universal para investigar estos crímenes, una medida que refuerza la competencia de la justicia argentina en casos internacionales relacionados con violaciones graves de derechos humanos.
Según Richarte, este fallo marca un «antes y un después» en la justicia universal, mostrando un avance significativo en la lucha por la justicia para las víctimas nicaragüenses. Además, resalta la importancia de visibilizar la situación en Nicaragua y generar presión internacional para enfrentar la impunidad del régimen de Ortega.
La denuncia inicial se centró en las violaciones que ocurrieron a partir de las protestas de 2018, cuando el régimen de Ortega desató una violenta represión contra manifestantes que se oponían a las reformas gubernamentales.
Desde entonces, el gobierno ha continuado con la persecución de disidentes, el encarcelamiento de líderes opositores y el control absoluto de los medios de comunicación y las instituciones del país. A lo largo del proceso, los denunciantes han presentado evidencias de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, torturas y desapariciones, que se han perpetrado con el objetivo de mantener el poder del régimen.
Este fallo judicial tiene implicaciones internacionales importantes. La captura de Ortega y Murillo podría generar un desafío diplomático significativo para el régimen, que hasta ahora ha gozado de poca presión internacional real frente a sus abusos.
Además, esta decisión pone en evidencia la responsabilidad de la comunidad internacional, especialmente de los países de América Latina, para intervenir y adoptar medidas concretas en respuesta a la situación en Nicaragua. La resolución judicial también envía un mensaje claro de que la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad no tiene fronteras y que la impunidad no puede prevalecer.
La causa sigue abierta y, según los denunciantes, el fallo representa un paso crucial en el camino hacia la justicia, pero aún queda trabajo por hacer.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos seguirán de cerca los desarrollos en este caso, con la esperanza de que se logre una restauración de la democracia en Nicaragua y se haga justicia para las víctimas que han sufrido bajo el régimen de Ortega y Murillo.
