Una jueza federal bloqueó de manera temporal las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados implementadas por el gobierno de Donald Trump, respaldando así a grupos de derechos civiles que sostenían que la medida vulnera el derecho al debido proceso legal.
En enero, Trump reactivó la política de “expulsión inmediata” de inmigrantes, la misma que implementó durante su primer mandato (2017-2021), la cual permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan demostrar residencia continua de al menos dos años en el país, sin necesidad de una audiencia.
La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, que constituye un pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, señalando que “prioriza la rapidez” y que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
La política de deportaciones rápidas fue impugnada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG de defensa de inmigrantes en EE.UU., en representación de la organización proinmigrante Make The Road New York, que solicitó bloquear su aplicación, solicitud a la que la jueza accedió.
En el dictamen de 48 páginas publicado el viernes por la noche, la jueza aclara que no cuestiona la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se ha aplicado durante mucho tiempo para expulsar a inmigrantes cercanos a la frontera sur con pocos días en EE.UU., sino su ampliación.
Cobb señala que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, indica el documento.
La demanda sostenía que la medida infringe la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un debido proceso legal, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Agrega Cobb que, “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”.
“Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, apostilla la jueza.
