El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se inhibió del conocimiento de medida de coerción en contra de una ciudadana ucraniana.
La ucraniana está acusada de cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja de nacionalidad dominicana.
El magistrado tomó como fundamento para no conocer la medida de coerción porque los abogados de las partes «leyeron» documentos que estaban permitidos en la audiencia, y por consiguiente él estaba contaminado para continuar con el proceso.
Miguel Ángel Linares, la víctima, denunció que «quieren disfrazar» los hechos, cuando hay videos suficientes y mensajes de textos que comprometen la responsabilidad de la extranjera y los dos hombres que lo golpearon después de amordazarlo y atarlo de pies y manos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la ucraniana se asoció con Michael Jaironel Castillo, y Luis Vargas, quien se encuentra prófugo, para cometer el acto.
El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo, en la Torre Ibiza, de la Autopista 30 de Mayo, del Distrito Nacional.
“Natalya Kasianova se asoció con los nombrados Michael Jaironel Castillo, quien está privado de libertad, y Luis Vargas (prófugo), para cometer la acción delictiva en perjuicio de Miguel Ángel Linares”, explica el expediente.
Alterado y con los ojos acuosos, manifestó que tuvo tres meses acudiendo a médicos por la paliza que recibió, mientras Natalya Kasianova, la ucraniana, y los demás imputados huían.
Sostuvo que para que Kasianova fuera apresada tuvo que «enamorarla de nuevo».
