El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) solicitó la intervención del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) para prevenir la posible comercialización en establecimientos de los kits escolares que el Gobierno entrega de manera gratuita a los estudiantes del sistema educativo público.
La solicitud fue realizada por el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, durante una visita al titular de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, a quien le expresó la necesidad de contar con esa entidad como veedora oficial en las acciones de control y vigilancia comercial.
Durante el encuentro, Castro destacó que este acompañamiento busca proteger el destino de una importante inversión social, asegurando que cada componente del kit escolar (uniforme, mochila, cuadernos, lápices, etc.) lleguen de forma gratuita a las familias beneficiarias en todo el país.
De su lado, Alcántara reafirmó su compromiso con la causa y advirtió que cualquier comercio mayorista o detallista que incurra en la venta de uniformes o útiles escolares fabricados específicamente para distribución gratuita en centros educativos públicos será sancionado, conforme a lo que establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor o Usuario.
El titular de Pro Consumidor dijo que la entidad que dirige asumirá el llamado del Inabie, y actuará conforme a la normativa de protección al consumidor, la cual faculta a prevenir, investigar y sancionar prácticas comerciales desleales.
“La venta de kits escolares destinados a distribución gratuita constituye una falta grave que atenta contra el interés público. Seremos vigilantes y aplicaremos todo el peso de la ley para proteger esta inversión social que garantiza el derecho a la educación de miles de estudiantes”, afirmó Alcántara.
Inabie cancelará contrato
El Inabie enfatizó, además, que ningún proveedor de la institución puede comercializar mercancía identificada con su sello, y advirtió que, de comprobarse esta práctica, se procederá con la cancelación inmediata del contrato y se solicitará a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) por un período de hasta cinco años o de manera permanente.
“Estas medidas forman parte del plan preventivo previo al inicio de la distribución de útiles escolares para el próximo año escolar 2025-2026, que llevaremos a cabo a partir del 23 de junio en alrededor de 6,000 escuelas públicas del país”, enfatizó Castro.
El funcionario reiteró que el INABIE entrega la indumentaria escolar a los directores de los centros educativos, y que estos son los responsables de distribuir gratuitamente los insumos a las familias de los estudiantes.
El llamado también responde a denuncias y rumores recibidos en 2023 y 2024 sobre la venta irregular de uniformes escolares en dos establecimientos comerciales de Santo Domingo.
