Por: Leanlly Pérez- Ángel Rubiel Martínez, raso de la Policía Nacional, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta vinculación en el caso Pandora, está en conversaciones con el Ministerio Público para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Además, su abogado presentó un recurso de apelación para solicitar la modificación de la medida de prisión preventiva, pero la audiencia fue aplazada hasta el 14 de enero, a petición de su defensa.
Martínez está siendo investigado por su presunta participación en el robo de más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional.
En cuanto al proceso legal, su abogado solicitó que se pospusiera la audiencia del recurso de apelación debido a que el imputado no fue trasladado al tribunal.
Esta solicitud fue atendida por los jueces, quienes fijaron la nueva fecha para el 14 de enero, coincidiendo con la audiencia del recurso de apelación del subintendente de Armas de la Policía Nacional, Juan Miguel Pérez Soler, quien sí estuvo presente en la sala.
El caso Pandora involucra a una red de 10 oficiales de la Policía Nacional, acusados de sustracción y comercialización ilícita de miles de municiones.
De los 10 acusados, siete fueron sometidos a prisión preventiva por 18 meses. Entre los procesados se encuentran oficiales de alto rango, como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones, y el capitán Víctor Manuel Santos, quien está señalado por falsificar auditorías e intentar manipular las investigaciones junto con los líderes de la red criminal.
El Ministerio Público ha presentado una sólida base de pruebas contra los imputados, que incluyen la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, transacciones económicas ilegales, testimonios y datos obtenidos de dispositivos electrónicos.
Estos elementos consolidan el caso y refuerzan las acusaciones de una operación criminal bien estructurada dentro de la Policía Nacional.
Las investigaciones continúan avanzando mientras el proceso judicial sigue su curso, con los acusados enfrentando cargos graves relacionados con el robo de municiones y la corrupción dentro de la institución policial.
