Mariana González, hija del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció haber sido objeto de una presunta extorsión por parte de personas que, según afirmó, le exigieron presionar a su padre para que abandonara su lucha política a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.
«Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes», dijo Mariana en un comunicado compartido en su cuenta de X.
Indicó que en las tres ocasiones mencionadas hubo testigos que, según afirmó, escucharon de forma íntegra todo lo que se le comunicó, y precisó que las presuntas extorsiones se realizaron en sedes diplomáticas, espacios vinculados al Arzobispado y oficinas de organizaciones que públicamente dicen defender los derechos humanos.
«Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos», subrayó.
«Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad», añadió Mariana González.
A su entender, hay un “sentimiento de venganza” que se ha dirigido contra su esposo, a quien calificó como víctima de un proceso penal sin pruebas y de una severa represalia de carácter político.
En ese contexto, sostuvo que el expediente judicial contra Tudares representa “un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, al afirmar que no existen testigos, evidencias ni hechos comprobables que configuren algún delito en su contra.
Mariana González precisó que nunca se le permitió consultar el expediente de Tudares ni recibir una copia del mismo. No obstante, indicó que su esposo, abogado de profesión, pudo revisar completamente su propio caso y confirmar que no existían pruebas en su contra.
En consecuencia, sostuvo que la condena de 30 años de prisión impuesta a Tudares representa una vulneración total del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa, derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.
En junio de 2024, Mariana González sostuvo que Tudares fue “atrapado injustamente” y que es víctima de un conflicto político que también obligó a González Urrutia a exiliarse en España en septiembre de ese año. Desde allí, este último reclama la Presidencia de Venezuela, al asegurar que fue el vencedor de las elecciones presidenciales.
Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años.
En esa misma jornada también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quienes posteriormente fueron liberados.
