La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump, alegando que los recortes de financiación son «ilegales» y que fueron impuestos como represalia por no cumplir con las políticas establecidas por la administración en su lucha contra lo que califica como antisemitismo en el campus.
La universidad sostiene en su demanda que “las acciones de los demandados son ilegales” y subraya, a través de sus abogados, que el intento del gobierno por “coaccionar y someter a control a Harvard hace caso omiso” los principios esenciales establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución, que garantizan la “libertad académica”.
«Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», indica la demanda.
La administración del magnate republicano anunció la suspensión de 2,200 millones de dólares en subvenciones federales y la eliminación de beneficios fiscales para Harvard, luego de que la universidad se negara a implementar las medidas contra el antisemitismo y a desmantelar sus políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI).
El rector de Harvard, Alan Garber, expresó en una carta dirigida a estudiantes y empleados que la universidad “no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución”, en respuesta al endurecimiento de acciones por parte del gobierno de Trump, que muchos interpretan como un ataque directo a la libertad de expresión.
Al igual que otras universidades estadounidenses, Harvard, ubicada en las afueras de Boston, ha sido escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, un tema que ha captado la atención de la Casa Blanca desde que Trump retomó el poder en enero.
