El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), respondió al Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, que denunció supuestas violaciones a los derechos humanos durante las repatriaciones de haitianos indocumentados.
En su comunicado, el gobierno defendió su política migratoria, reiterando su respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin importar su nacionalidad.
Asimismo, reafirmó el derecho de la República Dominicana, como Estado soberano e independiente, a aplicar sus propias leyes migratorias.
«República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. No obstante, reitera su derecho soberano —como todo Estado independiente— de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente», precisa el documento.
El gobierno aseguró que las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, «con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad irrenunciable del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos».
Además, subrayó que la grave crisis que afecta a Haití ha generado un aumento sostenido de la presión migratoria hacia la República Dominicana, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo.
«La posibilidad de una expansión de la violencia hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable del Estado dominicano», advirtió.
La Cancillería precisó que República Dominicana continuará combatiendo las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que vulneran los derechos de los más frágiles y perpetúan ciclos de violencia y explotación.
Al mismo tiempo, reiteró su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
«Nuestro país ha demostrado reiteradamente su disposición a colaborar con Haití en el marco de una visión solidaria y constructiva. Pero ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», puntualizó el Gobierno.
