El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York, acusando a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de la ley federal debido a sus políticas migratorias.
La demanda, interpuesta por el Departamento de Justicia, cuestiona las denominadas «leyes de ciudad santuario», las cuales restringen la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración.
«La ciudad de Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país», escribieron los abogados del Gobierno en el documento judicial.
«Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado», agregaron.
La demanda presentada este jueves se suma a una serie de acciones legales impulsadas por la administración Trump como parte de su endurecimiento de las políticas migratorias. Al igual que en casos anteriores, el Ejecutivo ha dirigido sus esfuerzos contra jurisdicciones gobernadas por demócratas, como Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y el propio estado de Nueva York.
El Departamento de Justicia argumenta que las políticas de «ciudad santuario» implementadas en Nueva York obstaculizan la labor de los agentes de inmigración y generan riesgos para la seguridad pública.
Estas políticas comenzaron a ser adoptadas por diversas administraciones municipales desde 1989 y fueron ampliadas significativamente en 2014 por el entonces alcalde Bill de Blasio.
Entre los cambios más relevantes se incluyó la restricción de la comunicación entre las autoridades migratorias y las cárceles locales, así como el cierre de una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la prisión de Rikers, la más grande de la ciudad.
Quienes respaldan este tipo de normativas argumentan que son fundamentales para fortalecer la seguridad comunitaria, ya que brindan a los migrantes la confianza para denunciar delitos o abusos sin temor a ser deportados, además de facilitar su colaboración con las autoridades.
Según datos de la organización New York Immigration Coalition, los condados que aplican políticas de santuario registran, en promedio, 35,5 delitos menos por cada 10,000 habitantes en comparación con aquellos que no las implementan.
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