El gobierno de Nicaragua exigirá a las iglesias y entidades religiosas el pago del impuesto a la renta y ha ordenado el cierre de 151 ONGs, en una medida sin precedentes para intensificar el control sobre estas organizaciones desde las protestas de 2018.
Una resolución firmada por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y publicada en el diario oficial La Gaceta derogó la sección de la “Ley de Concertación Tributaria” que eximía a las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas de esa obligación.
Ahora, con las reformas a la ley de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” y la de “Regulación de Agentes Extranjeros”, se incorporaron cambios fiscales que estipulan que las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto que reporten.
El gobierno también anuló la inscripción de 151 ONG, tres días después de cerrar 1,500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas.
Entre las asociaciones clausuradas se encuentran las cámaras de comercio de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Alemania, Francia, Italia, España, México, Ecuador, Costa Rica y Panamá.
Este cierre masivo eleva a más de 5,300 el número de organizaciones anuladas por el gobierno desde las protestas contra él en 2018, que, según Ortega y su esposa Rosario Murillo, fueron respaldadas por ONGs y la Iglesia Católica, cuyos clérigos fueron encarcelados y expulsados del Vaticano y de Estados Unidos.
Como preludio, Nicaragua implementó el pasado viernes una normativa controvertida que requiere que las ONG operen únicamente en “alianzas de asociación” con entidades gubernamentales.
Un día antes, Venezuela, un estrecho aliado del gobierno de Ortega, aprobó una ley sobre ONG que, según los activistas de derechos humanos, “profundizará la persecución” de los críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de las acusaciones de fraude en su reelección.
