Por: Leanlly Pérez- El presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrentó un intento de arresto por parte de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) el pasado viernes, pero la operación fue abortada debido a la resistencia de los servicios de seguridad en su residencia.
Este intento de detención se enmarca dentro de una crisis política derivada de la imposición de una ley marcial en diciembre, la cual ha generado una grave controversia en el país. Si se confirma su arresto, Yoon podría convertirse en el primer presidente surcoreano en ser detenido en ejercicio del cargo.
Yoon, quien fue suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional, se encuentra bajo investigación por su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre, un acto histórico que sorprendió a la nación al ser la primera vez que se decretaba una ley marcial en la historia democrática de Corea del Sur.
A pesar de que horas después se vio obligado a dar marcha atrás debido a la presión de los diputados opositores y de los miles de manifestantes que salieron a las calles, el incidente provocó una crisis política que ha desencadenado una serie de investigaciones, incluidas acusaciones por «insurrección» que podrían acarrear penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El equipo de la OIC llegó a la residencia de Yoon el viernes para ejecutar una orden de arresto emitida por la justicia surcoreana, pero se encontró con una fuerte resistencia por parte de los guardaespaldas presidenciales, quienes bloquearon el acceso a la propiedad.
A pesar de que el equipo logró ingresar a la residencia utilizando un camino alternativo, se encontraron con más de 200 personas que formaban un bloqueo físico, lo que resultó en altercados menores entre las dos partes. Después de un enfrentamiento que duró unos 40 minutos, los investigadores decidieron retirarse por razones de seguridad, temiendo por su integridad.
La colaboración de los guardaespaldas en la investigación siempre fue incierta, y en las semanas previas, ya habían bloqueado varias órdenes de registro emitidas por la justicia.
Desde su encierro, Yoon ha reiterado su intención de combatir las autoridades que buscan interrogarlo y arrestarlo por su declaración de la ley marcial.
Sus abogados han argumentado que la policía no tiene derecho a intervenir en la residencia presidencial, que está clasificada como «instalación secreta de defensa», lo que han considerado una infracción a la ley. En respuesta, uno de sus abogados, Yoon Kap-keun, calificó la orden de arresto de «ilegal e inválida» y prometió tomar acciones legales contra su ejecución.
Por otro lado, los partidarios de Yoon se han concentrado en las inmediaciones de su residencia, mostrando su apoyo al presidente suspendido.
En medio de un fuerte despliegue policial y mediático, los simpatizantes del mandatario coreaban su nombre y defendían su inocencia, argumentando que los opositores intentan transformar el país en un «Estado socialista».
A medida que los acontecimientos se desarrollan, la fiscalía ha imputado por insurrección a dos altos cargos militares que estaban involucrados en la ejecución de la ley marcial.
El viernes, los investigadores intentaron por tercera vez citar a Yoon para que se presentara a interrogatorio, pero al no tener éxito, optaron por solicitar una orden de arresto.
Este tipo de orden tiene un plazo de ejecución de siete días, por lo que los investigadores tienen hasta el lunes para arrestar al presidente suspendido.
La situación ha generado un importante debate sobre el respeto al debido proceso y el alcance de la autoridad presidencial en Corea del Sur.
Mientras tanto, la zona alrededor de la residencia de Yoon sigue fuertemente acordonada por la policía, y el presidente suspendido permanece bajo un dispositivo de seguridad muy estricto, mientras se prepara para un posible enfrentamiento judicial que podría definir su futuro político y su libertad.
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