Por: Leanlly Pérez- La Fiscalía de Santiago demolió este martes al menos 15 máquinas tragamonedas que fueron incautadas durante operativos realizados en distintos sectores de la provincia durante el mes de mayo.
Estas acciones se llevaron a cabo como parte de los esfuerzos del Ministerio Público para hacer cumplir la Ley 96-88, la cual prohíbe de manera expresa la instalación y operación de estos dispositivos en lugares no autorizados, como colmados, bancas de lotería, billares, cafeterías y otros negocios que no sean casinos legalmente establecidos.
Los operativos fueron ejecutados por la Fiscalía en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dintel) y agentes de la uniformada, como parte de una estrategia enfocada en combatir esta práctica ilegal que afecta negativamente a la sociedad, especialmente a jóvenes y menores de edad que frecuentan estos establecimientos.
Durante la demolición, la directora del Departamento de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, Merary Guzmán, explicó que la intención de este proceso no solo es destruir los equipos incautados, sino también enviar un mensaje claro de advertencia a los dueños de negocios que incumplen la ley.
Enfatizó que la Ley 96-88, en su artículo 7, contempla sanciones que incluyen multas, confiscación de equipos y el cierre temporal de los negocios infractores.
Guzmán también subrayó que esta iniciativa responde a un compromiso de la procuradora fiscal titular, magistrada Quirsa Abreu, quien ha priorizado la erradicación del uso de tragamonedas ilegales por considerarlas un factor que incentiva otras actividades delictivas y representa una amenaza para el desarrollo sano de las comunidades.
El acto de destrucción de las máquinas se realizó en presencia de diversas autoridades, entre ellas el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reynoso; el subdirector regional del Dintel, teniente coronel Vladímir García Santos; Mario José Almonte, director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la Fiscalía de Santiago; así como miembros de la prensa local y nacional.
