Por: Leanlly Pérez- La Fiscalía de Colombia reactivó el miércoles las órdenes de captura contra 31 altos mandos y voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a la «gravedad de los actos criminales» cometidos en el noreste del país, específicamente en la región de Catatumbo.
Esta zona ha sido escenario de enfrentamientos violentos en los últimos días, que han dejado al menos 80 muertos y miles de desplazados.
Estos 31 miembros del ELN habían sido beneficiados con la suspensión temporal de las órdenes de captura en 2022, cuando comenzaron las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo su política de «paz total».
Sin embargo, la reciente escalada de violencia y el recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, llevaron al mandatario a suspender las negociaciones.
El presidente Petro también ha anunciado que declarará el estado de conmoción interior y emergencia económica para poder implementar medidas extraordinarias, como modificar leyes y limitar ciertos derechos, con el objetivo de manejar la grave situación de violencia en el Catatumbo.
En la última semana, más de 32,000 personas han sido desplazadas forzosamente debido a los combates entre estos grupos armados, lo que ha generado una crisis humanitaria en la región fronteriza con Venezuela.
El ELN es considerado uno de los grupos armados más antiguos y persistentes en Colombia, y sus acciones recientes en Catatumbo, impulsadas por su intento de controlar el territorio y las economías ilícitas como el narcotráfico, han puesto en peligro las conversaciones de paz.
Las autoridades también han informado que al menos siete excombatientes de las FARC que habían firmado el acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados en los últimos días, lo que aumenta la preocupación por la violencia dirigida también a los firmantes del acuerdo y defensores de derechos humanos, dos de los cuales han sido asesinados según la ONU.
Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU, condenó los asesinatos y subrayó que los actos de violencia afectan no solo a las víctimas, sino también el proceso de paz, al erosionar la confianza entre las partes involucradas y en la sociedad.
Por su parte, Eliécer Herlinto Chamorro, alias «Antonio García», líder máximo del ELN, expresó que la guerrilla no tiene como política la muerte de excombatientes desmovilizados, pero justificó los ataques a aquellos que han vuelto a las armas.
