El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reiteró que el Gobierno no tiene intención de desarrollar explotación en la cordillera Septentrional, y precisó que el proceso actual se limita a la exploración minera de carácter científico.
Según explicó, estos estudios buscan determinar el potencial geológico sin implicar actividades extractivas.
Durante un encuentro con comunitarios en la Arquidiócesis de Santiago, encabezado por el sacerdote Ramón Ramos (padre Nino), el funcionario aseguró que no existe una política pública ni una decisión gubernamental orientada a explotar recursos minerales en esa zona. Asimismo, indicó que no hay contratos de explotación ni solicitudes en curso para avanzar hacia esa fase.
El titular detalló que las concesiones vigentes fueron otorgadas conforme a la Constitución, la Ley Minera 146-71 y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, como parte de procesos administrativos iniciados antes de agosto de 2024.
Estas autorizaciones, según explicó, solo permiten actividades limitadas y temporales de exploración, bajo supervisión del Estado.
En ese sentido, señaló que los titulares de concesiones pueden realizar levantamientos geológicos, estudios geofísicos y muestreos, pero no tienen autorización para extraer minerales con fines comerciales ni adquirir derechos sobre los recursos naturales.
Reiteró que cualquier cambio hacia una fase de explotación requeriría un nuevo proceso formal y múltiples evaluaciones.
Santos indicó que una eventual transición implicaría la presentación de solicitudes, análisis técnicos del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, evaluación ambiental conforme a la normativa vigente y la aprobación final del Poder Ejecutivo. Subrayó que se trata de un procedimiento distinto al de la exploración minera actualmente en curso.
El ministro también destacó la importancia del diálogo con las comunidades y reconoció sus inquietudes como parte de un proceso democrático.
En ese contexto, recibió un documento del Movimiento Unidos Somos Más y aseguró que será analizado conforme a la ley, mientras reiteró el compromiso del Gobierno de mantener transparencia y evitar la desinformación.
