Por: Leanlly Pérez- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado por una corte en Estados Unidos a pagar 2,400 millones de dólares al Estado mexicano, tras una demanda civil por corrupción y lavado de dinero.
La sentencia, emitida en Florida, triplica el monto inicialmente reclamado por México y representa un importante paso en los esfuerzos por recuperar fondos desviados del erario público mediante una red de corrupción que involucraba a su esposa, Linda Cristina Pereyra, y contratos adjudicados de manera irregular durante su gestión.
García Luna, quien ocupó el cargo durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), ya había sido condenado en octubre de 2023 a 39 años de prisión por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.
Su papel en la lucha antidrogas quedó completamente desacreditado tras múltiples testimonios de miembros del crimen organizado durante el juicio penal en EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reveló que el exfuncionario y su entorno familiar crearon un conglomerado empresarial que obtuvo al menos 30 contratos con dependencias de seguridad pública, mediante los cuales extrajeron cerca de 746 millones de dólares.
Dichos fondos fueron transferidos a cuentas en el extranjero a través de paraísos fiscales y utilizados para adquirir propiedades y bienes en el estado de Florida.
Además de estos casos, el gobierno mexicano, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste en que García Luna debe enfrentar otros procesos en su país.
Entre ellos se encuentra su supuesta participación en el fallido operativo “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal de más de 2,000 armas a México con el objetivo de rastrear su uso por parte de organizaciones criminales. Muchas de esas armas terminaron en escenas de crímenes violentos.
También se le acusa de haber formado parte de una asociación delictiva para privatizar cárceles federales y otorgar contratos irregulares para equipamiento penitenciario, acciones que se consideran clave en la expansión de la corrupción durante su administración.
