El Gobierno de España solicitó a la recién designada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los ciudadanos españoles considerados presos políticos en ese país.
La solicitud se produjo tras la asunción en el poder de quien hasta ese momento ejercía como vicepresidenta de la República, según informó el diario español El Español y confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Rodríguez prestó juramento el lunes ante la Asamblea Nacional, luego de que Nicolás Maduro fuera detenido por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos.
El Gobierno de España, que ha manifestado una postura muy crítica frente a la intervención militar de Estados Unidos, ya había adelantado el día anterior, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su intención de entablar conversaciones con Delcy Rodríguez.
España mantiene diversos intereses en Venezuela, incluidos los de carácter empresarial, además de una comunidad de alrededor de 150,000 ciudadanos.
El Ejecutivo español también informó que seguirá en contacto con la oposición venezolana con el objetivo de promover un diálogo que contribuya a la estabilidad del país.
Asimismo, el Gobierno confirmó que catorce ciudadanos españoles permanecían detenidos de forma “arbitraria” en centros penitenciarios venezolanos, la mayoría con doble nacionalidad y nacidos o residentes en esa nación.
En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela denunciaron que cerca de una veintena de ciudadanos españoles figuraban entre los encarcelados por razones políticas.
Entre los casos más recientes se encuentra la detención, en septiembre de 2024, de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, acusados de pertenecer a los servicios de inteligencia españoles y de planificar un atentado contra Nicolás Maduro.
