Por: Leanlly Pérez- Una escena de tensión se vivió en un tribunal migratorio de Nueva York cuando un hombre cubano, que acudía a lo que creía era una audiencia de rutina, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Vestidos de civil y apostados en el pasillo, esperaron el momento exacto: la desestimación de su caso. Todo había sido coordinado previamente.
Un arresto planificado paso a paso
La abogada del gobierno, plenamente consciente de lo que ocurriría, enviaba mensajes de texto a un agente del ICE mientras revisaba los casos del día.
“No puedo con esto”, escribió ella.
“Lo entiendo. Espero que nos encontremos en mejores circunstancias”, respondió el agente.
Minutos después, el inmigrante entró a la sala con su esposa —residente legal— y su bebé de siete meses. Cumplía con la ley, se había presentado a tiempo y esperaba que su caso avanzara. Sin embargo, la abogada presentó una moción para desestimar su solicitud de asilo, y el juez la aprobó rápidamente, dejándolo vulnerable a una deportación expedita.
Al salir al pasillo, agentes vestidos de civil lo rodearon. Hubo forcejeos. Los gritos de su esposa resonaban en el tribunal mientras la abogada del gobierno continuaba con el siguiente caso.
Cuatro minutos más tarde, el agente del ICE enviaba el mensaje que ya esperaba:
“Lo tenemos.”
Una práctica que se repite en todo el país
La escena no es aislada. Según una investigación de The Associated Press, este tipo de arrestos se han vuelto frecuentes en todo Estados Unidos, como parte de una reestructuración agresiva del sistema migratorio bajo el mandato del presidente Donald Trump.
Durante meses, reporteros asistieron a audiencias migratorias en 21 ciudades y observaron la misma dinámica:
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Casos desestimados rápidamente por el gobierno.
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Agentes federales esperando fuera de las salas.
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Coordinación constante con abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
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Arrestos inmediatos tras la salida del inmigrante.
Un funcionario del gobierno filtró mensajes de texto que muestran cómo se organizan estos operativos: desde la selección previa de casos hasta las alertas en tiempo real dentro del tribunal.
Un sistema judicial colapsado y bajo presión
El sistema de tribunales migratorios acumula 3.8 millones de casos pendientes. Frente a esa enorme carga, la administración Trump ha despedido a casi 90 jueces de inmigración considerados “demasiado indulgentes”.
También ha enviado memorandos instruyendo a los jueces a seguir rigurosamente las directrices del gobierno, y ha permitido que agentes enmascarados esposen a migrantes dentro de audiencias cerradas.
A diferencia de los tribunales federales, los jueces de inmigración no tienen independencia plena: dependen del Departamento de Justicia y pueden ser removidos con facilidad.
Organizaciones y exjueces han denunciado que estas prácticas vulneran el debido proceso.
“Lo que tenemos aquí es una visión completamente opuesta de lo que debería ser un tribunal”, afirmó Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles.
Casos marcados para deportación
Funcionarios del DHS explicaron que el gobierno lleva una hoja de cálculo con los casos “susceptibles” de ser desestimados, lo que permite al ICE preparar arrestos en el acto. En muchos de estos casos, los inmigrantes:
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No tienen abogados,
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No tienen antecedentes penales,
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Han cumplido con todas las citaciones judiciales.
Contrario a lo que asegura Trump —que se enfoca en “lo peor de lo peor”—, datos analizados por el Cato Institute muestran que la mayoría de los arrestados no cuentan con historial criminal.
Expansión del control y despidos masivos
En paralelo, el Departamento de Justicia ha emitido 52 nuevos memorandos desde la llegada de Trump, más que en seis años previos. Entre ellos:
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instrucciones que facilitan el despido de jueces,
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advertencias sobre “sesgos a favor de inmigrantes”,
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restricciones para conceder comparecencias virtuales,
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aceleración forzada de juicios.
Desde el regreso de Trump, 87 jueces han sido despedidos. Muchos concedían asilo por encima del promedio nacional.
Incluso se creó un sitio web —financiado por la Heritage Foundation— que exhibe a jueces considerados “subversivos”, con fotos, sueldos y donaciones políticas.
Abogados del gobierno: miedo, estrés y dudas éticas
Varios abogados del DHS confesaron, bajo anonimato, sentirse atormentados por las detenciones que ayudan a ejecutar. Algunos viven con miedo al acoso y mantienen sus currículums listos ante un posible despido.
Uno relató que el sonido de los grilletes de los detenidos no lo deja dormir.
“Ninguno de nosotros nos apuntamos para esto”, escribió en una carta en busca de orientación profesional.
Huyendo antes de ser atrapados
Con el temor creciente, miles de inmigrantes han solicitado comparecer por videollamada para evitar presentarse físicamente ante el tribunal. Otros optan directamente por no asistir.
Las solicitudes de autodeportación se han disparado: más de 14,000 personas pidieron autorización para abandonar voluntariamente el país en los primeros ocho meses de 2025, más que en los últimos cinco años combinados.
El drama humano detrás de los números
El impacto humano es devastador. En un tribunal del norte de Virginia, un hondureño acudió con su esposa, su bebé y un hijo con discapacidad. El juez rechazó la solicitud de deportación… pero al salir de la sala, cuatro agentes del ICE lo arrestaron.
“Por favor, por favor”, imploró la esposa.
Su hijo gritaba “¡Papá! ¡Papá!” mientras los agentes bloqueaban su silla de ruedas para evitar que se acercara.
El hombre fue deportado tres meses después.
Un sistema que se desmorona
Mientras abogados pro bono instalan escritorios improvisados en estacionamientos y los tribunales federales se saturan con miles de solicitudes de habeas corpus, la incertidumbre domina.
Para muchos funcionarios, inmigrantes, abogados y jueces despedidos, el sistema migratorio estadounidense se encuentra en su punto más crítico en décadas.
