El Parlamento británico aprobó este martes una enmienda al Proyecto de Ley de Delincuencia y Policía que despenaliza el aborto en Inglaterra y Gales en cualquier etapa del embarazo, eliminando la posibilidad de que la mujer embarazada enfrente penas de prisión.
La enmienda, considerada histórica, fue discutida y votada en la Cámara de los Comunes, donde fue aprobada con 379 votos a favor y 137 en contra, y ahora seguirá su proceso legislativo en la Cámara de los Lores antes de su votación final.
Dado que se trataba de un asunto de carácter ético y de conciencia, los parlamentarios tuvieron la libertad de votar conforme a sus convicciones personales, sin estar sujetos a la línea partidaria.
Actualmente, la legislación en Inglaterra y Gales permite la interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 semanas de gestación, pero la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, establece que fuera de ese plazo, el aborto sigue siendo un delito penal que podría conllevar incluso cadena perpetua, excepto en situaciones específicas en las que la vida de la madre corra peligro.
Según los datos oficiales más recientes, en 2022 se realizaron más de 250,000 abortos en Inglaterra y Gales.
La enmienda, presentada por la diputada laborista Tonia Antoniazzi y ahora respaldada por la Cámara de los Comunes, pretende modificar la ley para impedir que las mujeres sean investigadas, arrestadas, procesadas o encarceladas por interrumpir su embarazo después del límite legal.
Sin embargo, la llamada ‘cláusula Antoniazzi’ no modifica la legislación vigente respecto a la prestación de servicios de aborto, el límite de tiempo permitido, el uso de la telemedicina, los motivos para abortar ni el requisito de la aprobación de dos médicos.
Al defender la enmienda, la parlamentaria destacó que casi el 99 % de los abortos se realizan antes de las 20 semanas de gestación, dejando al 1 % restante de mujeres «en circunstancias desesperadas».
Antoniazzi calificó de «farsa» los tres casos en los que mujeres fueron arrestadas por abortos ilegales entre 1861 y 2022, y afirmó: «Estas mujeres necesitan atención y apoyo, no criminalización».
