Por: Leanlly Pérez- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que permite privar de la nacionalidad a quienes sean declarados «traidores a la patria».
Esta enmienda, ratificada de forma unánime en segunda y definitiva votación, establece que los acusados de traición perderán automáticamente su condición de ciudadanos nicaragüenses, una medida que ya ha sido aplicada a 452 personas, incluyendo a reconocidos intelectuales, líderes religiosos, opositores políticos y críticos del gobierno de Daniel Ortega.
La diputada Patricia Sánchez Urbina explicó que, según la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, se considera traidores a la patria a quienes encabecen o financien golpes de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten actos terroristas, soliciten injerencia extranjera, gestionen bloqueos económicos o aplaudan sanciones contra el Estado.
Además, aquellos que atenten contra los intereses supremos de la nación tampoco podrán optar a cargos públicos y enfrentarán sanciones penales.
La reforma modifica un artículo previo de la Constitución que protegía la nacionalidad nicaragüense, eliminando la cláusula que prohibía privar a un ciudadano de su nacionalidad.
Este cambio también elimina la disposición que garantizaba que la adquisición de otra nacionalidad no implicaría la pérdida de la nicaragüense.
La nueva disposición legal refuerza las acciones del gobierno, que en 2023 ya había despojado de su nacionalidad a 222 presos políticos expulsados hacia Estados Unidos bajo acusaciones de traición, a pesar de que la reforma constitucional aún no estaba vigente.
A ellos se sumaron posteriormente escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como líderes religiosos y otros 90 críticos del régimen.
En 2024, se amplió el alcance de esta medida al incluir a 135 prisioneros políticos excarcelados y enviados a Guatemala, elevando el total de afectados a 452 personas.
