El Gobierno de Estados Unidos está considerando imponer sanciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela si este valida el «fraude electoral» perpetrado por Nicolás Maduro para consolidar su poder en el país.
La Casa Blanca también implementaría medidas contra los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya ha proclamado la victoria de Maduro sin presentar ninguna acta que demuestre la derrota de Edmundo Gutiérrez Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen populista.
La Secretaria del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional están colaborando para imponer sanciones a los funcionarios judiciales que carecen de independencia institucional y actúan bajo las órdenes directas de Maduro.
Esas sanciones que la administración de Joe Biden podría imponer, que van desde la apertura de investigaciones por corrupción hasta la cancelación de visas, se implementarán si el Tribunal Supremo de Justicia valida la segunda reelección del dictador.
Además, en el caso del Consejo Nacional Electoral, las sanciones se aplicarían porque sus miembros facilitaron la concreción de otro fraude en Venezuela.
La lista inicial de posibles sancionados también podría incluir a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Su primer borrador fue elaborado en la Secretaría del Tesoro, que luego envió la nómina al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
La incorporación de los cuadros militares y de seguridad tiene una base política: si Estados Unidos considera sancionar a los responsables directos del fraude electoral, es razonable que también incluya en su lista a los represores ilegales de Maduro que asesinan, golpean y torturan a la oposición.
En los próximos días, funcionarios clave del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional elaborarán una lista de posibles sancionados, anticipando un fallo favorable del Tribunal Supremo de Justicia para el dictador venezolano.
