El FBI descubrió un sofisticado esquema de espionaje económico en el que catorce ciudadanos norcoreanos utilizaron identidades robadas de estadounidenses para infiltrarse en empresas tecnológicas en Estados Unidos entre 2017 y 2023.
Estos trabajadores, operando de manera remota bajo identidades falsas, generaron más de 88 millones de dólares, fondos que fueron desviados al gobierno de Corea del Norte para financiar programas relacionados con el desarrollo de misiles balísticos y otras armas, en violación de las sanciones internacionales contra el régimen de Pyongyang.
El esquema fue altamente elaborado, ya que los empleados norcoreanos emplearon varias tácticas para eludir los controles de seguridad de las empresas. Utilizaron identidades falsas y, en algunos casos, cómplices estadounidenses actuaron como «frentes», participando en entrevistas de trabajo en nombre de los norcoreanos y proporcionando acceso a sus redes para facilitar la conexión remota de los ciberdelincuentes a los servidores de las empresas sin levantar sospechas.
Además, crearon sitios web falsos para respaldar sus perfiles laborales y facilitar su contratación.
El esquema no solo generó ganancias ilícitas, sino que también comprometió la seguridad de las empresas afectadas. En varias ocasiones, los empleados robaron información sensible de las compañías y luego extorsionaron a sus empleadores, exigiendo pagos a cambio de no filtrar los datos robados.
La falta de controles más estrictos permitió que este fraude operara durante varios años, generando cuantiosas pérdidas económicas y poniendo en riesgo los sistemas de datos de las empresas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra los catorce ciudadanos norcoreanos, enfrentando acusaciones de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad.
Ocho de los acusados también enfrentan cargos adicionales por robo de identidad agravado. Las autoridades han señalado que las penas podrían ser de hasta 27 años de prisión si son encontrados culpables, aunque la mayoría de los imputados se encuentran en Corea del Norte, lo que dificulta su captura y procesamiento.
Como parte de la investigación, el FBI confiscó 1.5 millones de dólares y 17 dominios de internet relacionados con el esquema en octubre de 2023, marcando los primeros resultados concretos de la operación. Sin embargo, las autoridades advierten que esto representa solo una fracción del alcance total del esquema.
