Por: Joenny Pérez.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la sesión de la Corte Suprema de Estados Unidos que analiza la legalidad de su orden para restringir la ciudadanía por nacimiento. El caso se centra en la propuesta del mandatario de negar este derecho a hijos de padres indocumentados o con visados temporales, en un debate clave sobre el alcance constitucional de esta medida.
Se trata de la primera ocasión en que un presidente en ejercicio presencia argumentos orales ante el alto tribunal. Trump llegó minutos antes del inicio de la audiencia y se sentó en la primera fila de la sección pública. Durante la sesión, permaneció en silencio mientras el procurador general, John Sauer, defendía la posición de su administración ante los jueces.
La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses reiteró su disposición a enfrentar al mandatario en el proceso. Su director ejecutivo, Anthony D. Romero, afirmó que el caso es determinante para la interpretación de la Constitución y la ciudadanía por nacimiento.
También sostuvo que el tribunal tiene la responsabilidad de interpretar y proteger la Constitución en un contexto de alta atención pública.
La orden ejecutiva fue firmada por Trump al inicio de su segundo mandato en enero de 2025 y fue impugnada en tribunales de distintos estados.
El análisis del Supremo implica revisar el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde el siglo XIX reconoce la ciudadanía a quienes nacen en territorio estadounidense.
En junio de 2025, la Corte permitió que la medida avanzara al levantar bloqueos impuestos por tribunales inferiores, aunque no se pronunció sobre su constitucionalidad.
El fallo se centró en la jurisdicción de esos tribunales y en la legalidad de sus decisiones, dejando pendiente el análisis de fondo sobre la orden ejecutiva.
Diversos expertos, organizaciones de derechos humanos y críticos han cuestionado la iniciativa, al considerar que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional.
Según el Migration Policy Institute, unos 255,000 niños al año podrían verse afectados si el tribunal respalda la restricción planteada por el mandatario.
