Por: Leanlly Pérez- Con motivo del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de la República Dominicana desde el año 2021, se celebró una solemne misa en la Catedral Primada de América.
Al acto asistieron jueces, fiscales, funcionarios del sistema penitenciario, miembros del Instituto Superior Especializado de Formación Penitenciaria y Correccional, así como representantes de la sociedad civil, todos vestidos de blanco y en uniforme, en señal de unidad y compromiso con la transformación del sistema penitenciario nacional.
Durante la ceremonia religiosa se reflexionó sobre los avances alcanzados y los retos que aún persisten en el proceso de reforma penitenciaria, cuyo objetivo principal es humanizar y modernizar el trato hacia las personas privadas de libertad.
La Ley 113-21, promulgada el 24 de abril de 2021, derogó la antigua Ley 224-84 e introdujo un nuevo marco legal que pone énfasis en el respeto a la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social de los internos, además de profesionalizar al personal penitenciario y mejorar los servicios dentro de los centros.
En su intervención, el director general de Prisiones, coronel Roberto Hernández Basilio, compartió cifras que reflejan los logros de la nueva normativa. Según explicó, actualmente hay 24,640 personas privadas de libertad en el país, de las cuales 672 son mujeres, y 312 adolescentes están bajo custodia del sistema de justicia juvenil. Esta cifra representa una reducción significativa si se compara con el año 2020, cuando la población carcelaria rondaba los 27,000 internos.
El coronel Hernández Basilio destacó que la República Dominicana es el único país de América Latina donde la población penitenciaria ha disminuido en el período posterior a la pandemia, lo que demuestra el impacto positivo de la reforma impulsada por la Ley 113-21.
También resaltó la creación de pabellones especializados para la atención en salud mental en varios centros correccionales, como La Victoria, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, San Pedro de Macorís y El Pinito en La Vega, donde actualmente se atiende a unos 370 internos con condiciones psiquiátricas diagnosticadas.
Otro de los avances mencionados fue la implementación de medidas alternativas a la prisión a través de la Dirección de Medio Libre. Esta modalidad permite que personas condenadas puedan cumplir sus penas fuera de los centros penitenciarios bajo un régimen supervisado, lo que facilita su reinserción social y contribuye a descongestionar las cárceles.
No obstante, el director de Prisiones también reconoció que aún existen desafíos importantes. Entre ellos mencionó la necesidad de aplicar plenamente el reglamento de la Ley 113-21, la creación del estatuto de carrera del servidor penitenciario y la apertura de nuevos centros correccionales en localidades como La Parra, Higüey, Barahona y Pedro Corto (San Juan).
Hernández Basilio también abordó las condiciones laborales del personal que trabaja en las cárceles, señalando que enfrentan situaciones de maltrato, falta de reconocimiento y condiciones difíciles.
En este sentido, enfatizó la importancia de la formación especializada, destacando que los aspirantes a trabajar en el sistema penitenciario reciben un año de capacitación en el Instituto Superior Especializado de Formación Penitenciaria y Correccional. Hizo un llamado a dignificar y valorar el trabajo de estos servidores públicos que tienen contacto directo con personas en condiciones de vulnerabilidad.
