La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que realiza una investigación para determinar los funcionarios penitenciarios responsables de permitir que Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de la muerte de Orlando Jorge Mera, hiciera una llamada a un medio de comunicación.
A través de un comunicado de prensa, la DGSPC dijo que la experticia la realiza la subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco, «quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, para tales fines».
Por otro lado, la institución del sistema penitenciario informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, el privado de libertad, Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.
La DGSPC reveló que según registra el libro de asistencia de la institución, Miguel Cruz ha sido visto por especialistas de la salud, en todos los momentos que lo ha requerido.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales actúa en cumplimiento a la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los privados de libertad, establece el derecho a la salud y a la comunicación telefónica, y cuyo uso de dicha comunicación está reservada para sus familiares y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la Ley.
«La DGSPC, es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento de su condena, y para esto lleva a cabo el Plan de Eliminación de Teléfonos No Autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) , con resultados positivos», explica el comunicado.
Indica que como parte de este Plan ha sido posible el desmantelamiento de estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios y la incautación de equipos de comunicación que eran utilizados por privados de libertad para cometer ilícitos.
