La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de 25 adjudicaciones realizadas en el marco del proceso de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027.
Se trata del proceso núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, iniciado el 11 de septiembre de 2024, que recibió 172 ofertas y culminó con la adjudicación a 101 proveedores, de los cuales 31 contratos presentaron deficiencias y vicios de procedimiento que afectan su validez.
La DGCP explicó que la la investigación, documentada en la resolución RIC-0106-2025 INABIE, concluyó que el Comité de Compras y Contrataciones del Inabie incurrió en actuaciones contrarias a los principios de transparencia, igualdad y libre competencia establecidos en la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.
Entre los hallazgos figuran la habilitación de ofertas que no cumplían con requisitos técnicos, evaluaciones realizadas por funcionarios del Inabie que no fueron designados como peritos, visitas técnicas incompletas, garantías no conformes, falta de criterios documentados para asignar puntajes y posibles falsificaciones documentales, así como prácticas anticompetitivas.
A raíz de estas irregularidades, de los 31 contratos afectados, la DGCP ordenó la reevaluación de once ofertas y la emisión de los actos administrativos correspondientes para la readjudicación de los referidos bienes.
Asimismo, ordenó al Inabie identificar y sancionar a los funcionarios y servidores responsables de violar el debido proceso.
Además, la DGCP indicó que inició el proceso para la inhabilitación permanente de los proveedores vinculados a falsificación documental, en cumplimiento de los procedimientos administrativos sancionadores establecidos en la normativa vigente.
A través de una nota de prensa, el órgano rector también informó que el expediente fue remitido al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para las acciones correspondientes en el ámbito de sus funciones.
“Nuestro mandato legal y el compromiso con la ciudadanía nos obligan a actuar cada vez que un proceso de contratación pública presenta riesgos para la integridad y la confianza del sistema. La transparencia, la igualdad y la competencia leal son principios innegociables. Defenderlos no es una opción; es una responsabilidad que asumimos con firmeza”, aseguró el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La institución anunció que próximamente emitirá otras dos resoluciones con relación a los procesos de adquisición de mochilas y uniformes, respectivamente.
