Por: Leanlly Pérez- Un grupo de 18 fiscales generales de varios estados de EE.UU. presentó el martes una demanda para bloquear la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que pone fin a la política conocida como «ciudadanía por derecho de nacimiento».
Esta política garantiza que cualquier niño nacido en los Estados Unidos sea considerado ciudadano, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden, emitida por Trump la noche del lunes, es una medida que cumple con uno de sus compromisos de campaña, pero se enfrenta a un complejo panorama legal y una posible batalla judicial prolongada.
La «ciudadanía por derecho de nacimiento» está respaldada por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país son ciudadanas.
Sin embargo, Trump y algunos de sus aliados han cuestionado la interpretación de esta enmienda, argumentando que se deben establecer reglas más estrictas para la obtención de la ciudadanía, especialmente en relación con los hijos de inmigrantes sin estatus legal.
La orden ejecutiva de Trump introduce cambios significativos, excluyendo de la ciudadanía automática a los hijos de personas cuyo estatus migratorio sea ilegal o temporal.
En particular, no se otorgaría ciudadanía a los niños nacidos de madres que no están legalmente en el país o de padres que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
Este cambio afectaría a un amplio número de personas que, según la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda, serían ciudadanos por nacimiento.
La orden está programada para entrar en vigor el 19 de febrero de 2025, pero enfrenta una fuerte oposición legal.
Los fiscales generales de los 18 estados que han presentado la demanda argumentan que la medida es inconstitucional y va en contra de décadas de precedentes legales.
Esto promete desencadenar una serie de juicios y una lucha legal que podría extenderse durante un largo periodo, generando incertidumbre sobre el futuro de esta política.
