El Defensor del Pueblo Pablo Ulloa emitió las conclusiones de un informe sobre tres muertes de hombres registradas en destacamento de la Policía Nacional (PN).
Se trata de las muertes de José Gregorio Custodio (18 de abril de 2022), David de los Santos Correa (1.o de mayo de 2022) y Richard Rafael Báez (4 de abril de 2022) mientras se encontraban bajo la custodia de la uniformada.
El informe reprueba y deplora las acciones y omisiones atribuidas a los miembros de la Policía Nacional que tuvieron que ver con los homicidios.
Exige al Consejo Superior Policial aprobar, con carácter de urgencia, un protocolo de actuación para los miembros de la Policía Nacional para el trato debido a las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente aquellas que padecen de un trastorno o alteración mental.
Exhorta al Ministerio Público a asumir proactivamente las funciones de supervisión y tutela de los derechos de las personas detenidas en los distintos recintos policiales del país o cualquier otro centro de detención provisional.
Exhorta al Director General de la Policial Nacional a emitir instrucciones para elevar los niveles de transparencia y efectividad de las investigaciones disciplinarias para corregir y prevenir, conforme al debido proceso, las conductas desviadas de algunos miembros de la Policía Nacional que ocasionan estas muertes.
Además, de instruir a los mandos de la uniformada para que orienten diariamente a sus subordinados sobre la importancia de cumplir con la obligación de preservar los derechos y las garantías de las personas.
Y por último hace un llamado a la ciudadanía a denunciar activa y decididamente, por todos los canales disponibles, las acciones y omisiones que pongan en riesgo la vida o atenten contra la dignidad y la integridad de las personas detenidas en los distintos recintos policiales o cualquier centro de detención provisional para evitar las muertes.
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