La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, solicitó este jueves ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la nulidad absoluta del proceso que se sigue en su contra por su presunta vinculación en el caso Calamar.
Los representantes legales de Castillo argumentaron que el Ministerio Público incurrió en fraude procesal y que la acusación fue depositada fuera del plazo límite del 30 de abril de 2024, fijado mediante intimación expresa del Segundo Juzgado de la Instrucción a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Según los abogados, las pruebas documentales demuestran que la PEPCA no cumplió con la orden judicial y que la afirmación de haber depositado la acusación el 25 de abril de 2024, un día después del vencimiento del plazo, resulta insostenible, contradictoria y refutada por las propias certificaciones del sistema judicial.
Según explicaron, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción indicó que la acusación fue recibida el 25 de abril y que el expediente fue enviado al Cuarto Juzgado el día 30 de ese mismo mes.
No obstante, el Cuarto Juzgado de la Instrucción certificó que no recibió la acusación ni las pruebas en esa fecha ni en el transcurso de esa semana, y que el expediente le fue entregado directamente por el Ministerio Público el 14 de mayo de 2025.
Asimismo, precisó que el auto de apoderamiento, que debía acompañar la acusación, fue recibido el 6 de mayo y no el 30 de abril.
A juicio de la defensa, la incongruencia entre ambas certificaciones, ambas con fe pública, provoca un vacío de aproximadamente dos semanas en la cadena de custodia, periodo durante el cual —según alegan— se desconoce el paradero del expediente.
Se recuerda que Gonzalo Castillo, junto a otros 20 imputados, es acusado de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
