El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción, sumándose a los varios que ha establecido desde comienzos de 2024, cuando declaró al país en «conflicto armado interno» como respuesta a una grave crisis de violencia generada por el crecimiento de las bandas del crimen organizado.
En esta ocasión, el estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano abarca solo cuatro de las veinticuatro provincias del país, tres menos que el decreto anterior, el cual incluía también a la capital, Quito.
Las provincias afectadas son El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país.
Estas regiones se ubican en la costa ecuatoriana y concentran una parte significativa de la actividad delictiva, ya que en ellas operan las principales rutas del narcotráfico que utilizan los puertos de Guayas y El Oro para enviar grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
El nuevo estado de excepción suspende ciertos derechos fundamentales en estas zonas, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el fin de facilitar la labor de las fuerzas de seguridad, particularmente en la entrada a viviendas e inmuebles sospechosos.
El decreto busca alinearse con las recomendaciones de la Corte Constitucional, que en ocasiones anteriores ha limitado algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, recordándole al Gobierno que debe enfrentar a las bandas criminales utilizando los mecanismos legales ordinarios y evitar extender indefinidamente restricciones en zonas donde la población lleva más de un año y medio sin plenas garantías constitucionales.
En el estado de excepción anterior, el máximo tribunal anuló la disposición que permitía la militarización de las cárceles, una medida adoptada por Noboa desde que declaró la «guerra» contra las bandas para recuperar el control de los centros penitenciarios, los cuales estaban dominados por grupos criminales.
Este nuevo decreto, que también deberá pasar por el escrutinio de la Corte Constitucional, se emite en medio de una creciente tensión entre el presidente Noboa y el máximo órgano de control constitucional, el cual recientemente dejó sin efecto varios artículos de un paquete de leyes impulsadas por el mandatario.
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