Por: Leanlly Pérez- La Justicia argentina otorgó prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión por corrupción en la adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato.
Fernández, de 72 años, deberá cumplir la condena en su residencia ubicada en el barrio Constitución de Buenos Aires, bajo estricta vigilancia electrónica. Además, la sentencia incluye la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
Cristina Fernández, quien fue presidenta de Argentina en dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015, y luego vicepresidenta de 2019 a 2023, fue encontrada culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, específicamente por el manejo de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su bastión político.
La expresidenta ha rechazado categóricamente los cargos y ha denunciado una persecución judicial en su contra, acusando a los jueces de la Corte Suprema de estar alineados con intereses económicos y políticos. En sus declaraciones recientes, los calificó de “monigotes del poder económico”.
El fallo judicial también establece que Fernández debe abstenerse de cualquier comportamiento que altere la convivencia vecinal o perturbe la tranquilidad de su entorno.
Pese a esto, desde que se conoció la ratificación de su condena, numerosos simpatizantes kirchneristas se han concentrado frente a su domicilio para mostrarle su respaldo, llenando las paredes de cartas, pancartas y mensajes de apoyo, incluso en medio del crudo invierno austral.
La decisión judicial ha generado un fuerte impacto político en el país, dado el peso simbólico y real que Fernández mantiene dentro del movimiento peronista y en la oposición argentina.
Su condena y situación legal abren interrogantes sobre el futuro político del kirchnerismo y su liderazgo en los próximos años.
