El general de Brigada Piloto, Francisco M. Corominas, FARD., junto al Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, manifestaron que la prohibición de la importación de armas han fomentado las malas practicas.
Indicaron que las empresas de seguridad privadas y a las autorizadas a comercializar estos productos, no llevan los mecanismos adecuados para adquirir estos bienes.
Agregaron, eso ha “fomentando malas prácticas, violaciones a las leyes y otros subterfugios”.
“El Estado dominicano tiene la obligación de suplir la seguridad que requieren los ciudadanos y la sociedad para realizar de forma segura todas sus actividades”, estableció el General de Brigada.
Sin embargo, consideró que los servicios de seguridad privada constituyen un “apoyo” a las labores de seguridad pública y ciudadana.
Las mismas con beneficios de los contratantes y de las propiedades que van a proteger.
“El análisis que hacemos en este taller permitirá, con la participación plural de todos nuestros invitados a las mesas de trabajo, determinar la pertinencia del decreto 309-06, que establece una prohibición que ya cumple 16 años”, sostuvó.
Detalló que el taller tiene una importancia trascendental, no solo para el sector de la seguridad privada, sino también para todos los sectores de la sociedad dominicana.
“Porque viene a presentarnos una panorámica de las virtudes y/o defectos, efectos positivos y/o negativos y las posibles soluciones luego de 16 años de prohibición”, afregó.
En el evento participaron representantes de 200 empresas de seguridad privada, agrupadas en tres asociaciones.
También asistieron los representantes de armerías, del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), de la Procuraduría General de la República (PGR), de los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas y los cuerpos investigativos de la Policía Nacional.
