Santo Domingo.- La Contraloría General de la República demanda una intervención forzosa contra la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca) por trabar y oponerse a pagos por concepto de expropiación de terrenos del Estado.
La Contraloría General de la República establece que no es oficial el “informe de investigación sobre pagos y libramientos por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado”.
Dicho informe fue elaborado por varios peritos de la Unidad Antifraude de ese organismo de persecución.
La Contraloría expuso sus consideraciones en una demanda en intervención forzosa.
Con motivo de la querella en nulidad de ese informe que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el abogado Ángel Lockward en contra de la Contraloría.
La nulidad es porque considera que al ser un documento “confidencial” y de “mero trámite”, no debió ser usado por la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca).
Ponderó que esto se debe a que “no contiene siquiera un dictamen o enjuiciamiento conclusivo sobre los referidos pagos”.
Plantea que el documento es interno y privado.
No se puede encasillar como un acto administrativo firme, a la vez que dice ha circulado de manera arbitraria.
En la instancia, la institución señala que el responsable de la Unidad Antifraude que recibió el informe, Leónidas Radhamés Peña Díaz, no lo remitió al Contralor Catalino Correa Hiciano.
Por esto, ese funcionario no lo tramitó ni firmó.
Se desligó de las actuaciones de la Pepca, tras indicar que no depende de la Contraloría, ni de su titular .
Esa dependencia del Ministerio Público haya tomado acciones en vista de un documento “de mero trámite”, paralizando libramientos y realizando interrogatorios.
En base a ese informe, el Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de RD$17,000 millones.
Por oposiciones de la Pepca, que se amparó en la resolución judicial número 0010.
Emitida el 29 de diciembre de 2021 por la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción.
La demanda en intervención forzosa fue interpuesta por la Contraloría el 5 de agosto.
Investigación
Los peritos de la Contraloría investigaron presuntas maniobras fraudulentas entre los meses febrero a julio del 2020.
Desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, y el Consejo Estatal del Azúcar, en perjuicio del Estado Dominicano, por aproximadamente RD$12,540,449,339.27.
Según el informe, esas maniobras se hicieron a través de múltiples pagos a terceros, por concepto de deuda pública.
Bajo la modalidad Cesiones de Créditos, provenientes de procesos de expropiación de derechos sobre terrenos para la ampliación del Parque Nacional del Este (Cotubanamá).
Mediante el decreto 722, del 4 de abril del 1975.
