Por: Leanlly Pérez- El Tribunal Colegiado de La Altagracia ha condenado a tres hombres a 30 años de prisión por su implicación en el tráfico internacional de drogas.
Los acusados, Gustavo Adolfo Lamoni, José Luis Alcalá de la Cruz y Anthony Sánchez de la Rosa, fueron declarados culpables de transportar más de 185 kilogramos de drogas a bordo de una embarcación proveniente de Cartagena, Colombia, con destino a República Dominicana.
El incidente ocurrió en 2022, cuando las autoridades interceptaron la embarcación en la madrugada del 2 de febrero en la comunidad Los Melones, en el Distrito Municipal de Bayahíbe, al sur del municipio San Rafael del Yuma.
Durante el operativo, los agentes de la Armada Dominicana confiscaron siete sacos de nylon que contenían 175 paquetes de drogas. Un análisis posterior realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la droga incautada consistía en 181.5 kilogramos de cocaína clorhidratada y 4.68 libras de marihuana.
La pena máxima de 30 años de prisión fue impuesta debido a que las sustancias narcóticas estaban destinadas al consumo en el país, lo que agravó el delito.
La detención de los tres hombres se llevó a cabo de forma flagrante: Adolfo Lamoni y José Luis Alcalá de la Cruz fueron arrestados dentro de la embarcación, mientras que Anthony Sánchez de la Rosa intentó escapar saltando al agua, pero fue perseguido y detenido en tierra firme en el KM-10 de la comunidad Cumayasa, en el municipio Villa Hermosa, La Romana.
La investigación estuvo a cargo del fiscal del distrito, Aneury Castillo, y los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez representaron al Ministerio Público en el proceso judicial. La acusación fue respaldada por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, quienes dictaron la condena.
Los tres condenados cumplirán su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, ubicado en Higüey, en la provincia La Altagracia.
El Ministerio Público destacó que la acusación se presentó por violación de diversos artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, con el objetivo de desmantelar redes de tráfico de drogas que operan en el país.
