La Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó tres años de prisión para Julio Enrique Domínguez Solano (Julito) y Antonio José Paredes Elizondo, quienes fueron hallados culpables de malversar más de tres millones ochocientos mil pesos en el Ministerio de Agricultura durante los años 2021 y 2022.
Domínguez Solano fue condenado a 3 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, por la violación del artículo 258 del Código Penal Dominicano y los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Mientras que Antonio José Paredes Elizondo, quien colaboró con el Ministerio Público y admitió los hechos en el tribunal de juicio, fue condenado a tres años de prisión, con pena suspendida bajo reglas, por la violación del artículo 123 del Código Penal.
La jueza Clara Almonte Gómez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia condenatoria en la audiencia donde el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ernesto Guzmán, Aurelio Valdez y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El tribunal ordenó el decomiso de todas las evidencias materiales vinculadas al proceso y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 4 de marzo de 2025.
El Ministerio Público estableció que el desfalco ascendió a los tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000), el cual se produjo mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de NetBanking, que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura y que manejaba en ese entonces Julio Domínguez Fernández, padre de Domínguez Solano.
Indicó que se transferían los fondos desde la cuenta del Viceministerio a la cuenta de Elizondo y este a la vez lo retornaba a favor del hijo del viceministro.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolló la investigación por la malversación de los casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura en el año 2022.
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