El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a un segundo teniente del Ejército, hallado culpable de violar sexualmente a un niño de siete años, así como por poseer y compartir material de otros niños con contenido de abuso sexual infantil en línea (pornografía infantil).
El segundo teniente Warren Andrés Alcántara Báez deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana, y pagar una multa de 500 mil pesos a favor de la madre de la víctima.
Sobre el caso, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) estableció que, en el año 2021, la madre del niño sostuvo una relación sentimental con el hoy condenado, a quien visitaba en su vivienda en La Romana. Encuentro, que según la mujer, Alcántara Báez aprovechaba para abusar sexualmente del niño cuando ella salía de la casa.
La acusación sostiene que la acción quedó captada en imágenes tomadas por el mismo condenado, las cuales, posteriormente, generaron una alerta en el servicio de la nube de Google Drive.
Las autoridades indicaron que al condenado también le fueron halladas miles de imágenes y videos de pornografía intantil en dispositivos ocupados en su vivienda mediante allanamiento.
El Ministerio Público explicó en su acusación que tuvo conocimiento del caso mediante un reporte de cybertipline, que se originó tras la alerta notificada por la empresa Google Inc al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), de los Estados Unidos.
La alerta en los sistemas se produjo cuando Alcántara Báez se fotografió realizando el delito en contra de varios niños de ambos sexos, donde tras la investigación, se pudo reconocer al de siete años.
En el juicio, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) estuvo representada por el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, quien además fue el fiscal investigador del proceso.
El representante del Ministerio Público sustentó la acusación con diferentes pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, que fueron acogidas por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal; Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo.
La víctima estuvo representada por las abogadas Walkiria Matos y Breymi Jeréz, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas.
El Ministerio Público acusó a Alcántara Báez de violar varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Penal Dominicano y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
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