Por: Leanlly Pérez- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci, acusados de homicidio involuntario por la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una estudiante de 14 años que falleció durante una excursión escolar en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo.
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Todas enfrentan cargos por homicidio involuntario, abandono y maltrato.
El Ministerio Público solicita como medida de coerción una garantía económica de RD$50 millones a través de una aseguradora, impedimento de salida del país, presentación periódica y la colocación de localizadores electrónicos a las imputadas.
Según establece la solicitud, la muerte de Stephora ocurrió el 14 de noviembre, en una de las piscinas de la Hacienda Los Caballos, adonde fue llevada como parte de una excursión junto a otros estudiantes del centro educativo. La investigación reveló que el Colegio Leonardo Da Vinci trasladó a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin considerar la profundidad de las piscinas, sin salvavidas ni chalecos, y sin consultar a los padres si los menores sabían nadar.
El Ministerio Público sostiene que un video evidencia una “negligencia extrema” tanto de las cuidadoras responsables de la menor como del personal encargado de organizar el paseo escolar. Además, el órgano acusador solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta al centro educativo para identificar posibles prácticas que vulneren el interés superior del niño.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación exhaustiva del caso, que está siendo dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia.
