El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que Emmanuel Rivera Ledesma, cabecilla de la red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada durante la Operación Nido, deberá continuar en prisión preventiva.
El tribunal decidió mantener la medida privativa de libertad, al considerar que la defensa de Rivera Ledesma no presentó ningún argumento nuevo que justificara modificar la decisión existente.
La jueza Keyla Pérez fijó para el próximo 18 de septiembre la lectura íntegra de la sentencia contra el acusado.
En la jornada anterior, la continuidad del juicio contra Ledesma y sus cómplices fue suspendida hasta el martes 16 de septiembre.
Sobre el caso
El 3 de enero de 2024 el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual desmanteló una red que estafó a cientos personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación, realizada por el Ministerio Público, arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, S.R.L., CRD Equipos Pesados, S.R.L., el Grupo Wimar, S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L., a través de las cuales crearon un esquema fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación, se ocuparon evidencias que demuestran que el acusado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. P
or igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También, buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el procesado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.