Por: Leanlly Pérez- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó nuevamente su deseo de enviar a ciudadanos estadounidenses encarcelados en su país al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad conocida por sus denuncias de abusos a los derechos humanos.
Durante una reunión con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la Oficina Oval, Trump insistió en que esta medida se extendería no solo a los criminales que han violado la ley en EE. UU., sino también a los llamados «criminales locales», refiriéndose a presuntos terroristas nacidos en EE. UU.
La propuesta de Trump de enviar a estos criminales a cárceles en El Salvador fue calificada como un paso hacia un mayor autoritarismo y fue rechazada tanto por expertos legales como por defensores de los derechos civiles.
El mandatario estadounidense subrayó su deseo de «ir un paso más allá» con la idea de enviar a estos individuos a El Salvador, especialmente aquellos que han cometido repetidos delitos violentos en su país.
Después de su declaración pública, Trump continuó hablando sobre la posibilidad de enviar más personas al Cecot, sugiriendo que Bukele podría necesitar construir más cárceles para recibirlos.
La propuesta ha generado un amplio rechazo dentro de la comunidad legal y de derechos humanos, quienes señalan que esto contravendría derechos fundamentales y la Constitución de EE. UU.
No es la primera vez que Trump ha planteado la idea de enviar a ciudadanos estadounidenses a prisiones en El Salvador.
La semana anterior, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comentó que Trump había discutido este tema con su gabinete, especificando que se trataría de criminales violentos que hayan infringido la ley en EE. UU. de manera repetida.
La propuesta fue bien recibida por algunos sectores, como el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante su visita a El Salvador en febrero, y por figuras como Elon Musk.
Sin embargo, fue fuertemente rechazada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran una violación de los derechos de los detenidos, especialmente porque la propuesta podría ser vista como una forma de «desaparición forzada» de los detenidos.
